fallecido a consecuencia de la asbestosis contraída por la exposición al amianto en su puesto de trabajo.
Cie Automotive abona 270.000 euros a la familia de un ex-trabajador de Patricio Echeverria de Legazpi fallecido a consecuencia del amianto
12/10/2021
El fallecido trabajó durante 24 años en la planta de la empresa situada en Legazpi. Las resoluciones judiciales, tanto del Juzgado de lo Social n.º 1 de Donostia, como del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declararon probada la exposición a amianto en base al informe de Osalan de septiembre de 2017, por el que posteriormente se le incluyó en el fichero de trabajadores expuestos de la CAPV.
En dicho informe se constataba que la empresa importaba amianto desde los años 60 hasta que se dejó de emplear en 1984, reconociendo como tal la capa blanca que iba fijada contra la chapa del horno o cuchara que los trabajadores manipulaban sin reparo porque desconocían su peligrosidad.
Para acoger dicha conclusión, el órgano judicial también se hizo eco de los testimonios de los compañeros de trabajo, quienes explicaron el uso de cinta de amianto para proteger la corredera; amianto que se empleaba sin mascarillas y que se cortaba por los trabajadores según necesidad.
ELA subraya que este caso nos sitúa, de nuevo, ante el drama de las enfermedades profesionales derivadas del contacto con amianto, “un fenómeno creciente, como consecuencia del escaso control público y de la falta de medidas de seguridad por parte de las empresas.
Así las cosas, el sindicato exige a las empresas que actúen con responsabilidad y dejen de prolongar innecesariamente la vía judicial; del mismo modo, interpela a las administraciones para que actúen con agilidad, asignando los recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud, sin prolongar trámites que sólo agudizan el sufrimiento de las personas afectadas, revictimizándolas.
Asimismo, ELA llama a todas aquellas personas que han estado en contacto con amianto a lo largo de su vida profesional, así como a sus familias, a denunciar estas situaciones para que las empresas respondan ante la justicia por no haber adoptado las medidas de seguridad establecidas para proteger a la plantilla de este agente cancerígeno.